México: La Guerra Sucia y sentencia del Caso Radilla

Por: La Red en México ·

En México no se instaló nunca una dictadura militar, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Sin embargo, el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad en distintos momentos históricos, manteniendo altos niveles de impunidad.

Entre los años 1968 y 1982, el Estado mexicano torturó a miles de disidentes políticos en campos militares, realizó desplazamientos forzados, bombardeó y cercó a la población en zonas donde se desarrolló una guerrilla rural.  A lo largo de ese período, la llamada guerra sucia en México dejó un saldo aproximado de 1200 desapariciones forzadas, de las cuales 650 ocurrieron en el estado de Guerrero y 450 de ellas, en el municipio de Atoyac, ubicado a 150 kilómetros del Puerto de Acapulco. Esta práctica sistemática alcanzó su clímax con los llamados vuelos de la muerte ocurridos entre 1974 y 1978.

“La guerra sucia vista desde Washington”, Artículo de Kate Doyle en la Revista Proceso 1414, publicada el 7 de diciembre de 2003 (Ver PDF)

Revista Proceso Guerra Sucia vista desde EEUU

 

“Las montañas invisibles” (12’13”)*

*Documental producido por la Unidad Cultural UNAM y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos sobre la realidad de las desapariciones forzadas en Guerrero



Los espacios mexicanos pertenecientes a la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria, relatan el proceso de búsqueda de verdad y justicia por el caso de la detención y posterior desaparición de Rosendo Radilla Pacheco y la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como caso ejemplar de los procesos de búsqueda de verdad que sentó precedentes en México. Al mismo tiempo, al presentar el caso, los miembros de la red mantienen la denuncia sobre la persistencia de la guerra sucia y la práctica de las desapariciones forzadas hasta la actualidad.


 

Familiares, víctimas y organizaciones en la búsqueda de Verdad y Justicia

Desde 1974, año en que se recrudecía la escalada represiva del Estado en el marco de la guerra sucia, familiares de los desaparecidos, sobrevivientes y diversas organizaciones emprendieron la lucha por la verdad y la justicia sobre las violaciones a los derechos humanos que venían sucediendo desde 1968. En abril de 1977, se conformó el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Detenidos-Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido como “Comité Eureka”, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los Resistentes No. 20: “Comité Eureka”

historieta-los-resistentes-Comité Eureka

Material de educación popular que relata la conformación del Comité Eureka (Ver más)

En 1978 se conformó la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (AFADEM), hoy integrada por Judith Galarza (Secretaria Ejecutiva de FEDEFAM desde 1999), Tita Radilla Martínez (hija de Rosendo Radilla Pacheco y actual presidenta de AFADEM) y Felipe Martínez Soriano, entre otros defensores de derechos humanos.

Mural de mujeres de AFADEM, Atoyac de Álvarez, Guerrero (2010)

Desde 1988, AFADEM forma parte también de FEDEFAM y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). Aunque se define como una organización nacional, sus ámbitos de acción se ubican en algunos estados de la república mexicana que presentan altos índices de violaciones graves a los derechos humanos. De esta forma, la organización tiene sedes en el Distrito Federal, Guerrero, Chihuahua, Puebla, Jalisco y en el Estado de México. En particular, el municipio de Atoyac, en el estado de Guerrero, constituye un caso paradigmático para esta organización.

Fue la AFADEM quien, junto a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), llevó el caso de Rosendo Radilla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de muchos años de lucha por la verdad y la justicia sobre los desaparecidos en México y particularmente, en el estado de Guerrero.


La respuesta estatal tardía e ineficaz

Durante los años ochenta y noventa en México, distintas organizaciones de derechos humanos, familiares y víctimas de la guerra sucia, mantuvieron la demanda de verdad y justicia sin ser escuchados por los distintos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 2001, el presidente Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional (PAN), marcó la alternancia política en México, luego de 70 años en los que el PRI había permanecido en el poder. El nuevo mandatario tuvo que ceder a la presión de organismos internacionales que demandaban el esclarecimiento de los hechos del pasado, por lo que ese mismo año creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).

Procurador General Rafael Macedo de la Concha

La FEMOSPP tenía como misión investigar y sancionar a funcionarios que hubiesen cometido crímenes relacionados con los movimientos sociales y las guerrillas de los años setenta y ochenta, incluyendo la masacre de Tlatelolco de 1968. Sin embargo, esta Fiscalía Especial fue una institución ambigua ya que dependía de la Procuraduría General de la República, al mando del General Rafael Macedo de la Concha, también ex-Secretario de la Defensa Nacional. De esta cuenta, la elección del Fiscal Especial, Ignacio Carrillo Prieto, fue poco transparente y preocupó a las organizaciones de Derechos Humanos. Nadie conocía su trayectoria.

Fiscal Especial Ignacio Carrillo Prieto

Muy pronto, la Fiscalía Especial se vio envuelta en escándalos de corrupción por manejo de fondos y fue hasta el año 2004 que contrató a un grupo de 27 investigadores. Aunque este equipo elaboró un informe muy acucioso, los avances y resultados obtenidos no se dieron a conocer de manera oficial. El Informe Histórico a la Sociedad Mexicana ¡Que no vuelva a suceder! fue entregado al Fiscal Especial en diciembre de 2005, pero hasta el día de hoy nunca se difundió por vías institucionales. Nadie ha sido llevado a juicio por los hechos investigados en este proceso.

La actuación oficial de la FEMOSPP fue siempre ambigua. En diferentes momentos, el propio Fiscal Especial trató de justificar la acción de las fuerzas del Estado, con argumentaciones que no soportaban la rigurosidad de su propia investigación. Esto fue evidente cuando, en 2005, justificaba la masacre de los estudiantes de Tlatelolco ocurrida en 1968, argumentando que habían sido los manifestantes quienes habían “entrampado” al ejército.

Luego de que el informe fue filtrado y hecho público en una versión de borrador y sin haberlo presentado a la sociedad mexicana, la FEMOSPP fue cerrada de forma inesperada, en noviembre de 2006. El 30 de mayo anterior, tres de los autores del informe, junto a 268 ciudadanos, habían escrito una carta abierta al Presidente Fox que pedía la publicación y el seguimiento a las recomendaciones del informe. La carta fue difundida también por el National Security Archive:

“Exigimos se publique y difunda ampliamente el Informe a la sociedad en su versión final, el cual se entregó al Fiscal Especial el 15 de diciembre del 2005, y el que se entregó al Presidente Vicente Fox, por parte de la Fiscalía. El Informe tiene un destinatario unívoco: la sociedad mexicana. Así como el mecanismo que se propone para continuar la labor de reconstrucción histórica de ese período de la vida nacional”.


El “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana”… que nunca fue entregado a la sociedad

En febrero de 2006, por vías no oficiales, fue filtrado a la prensa estadounidense un borrador del Informe Histórico a la Sociedad Mexicana ¡Qué no vuelva a suceder!, producido por la FEMOSPP. Éste fue el único resultado del trabajo de la Fiscalía Especial que resultó satisfactorio para las víctimas, aún cuando dicho informe había llegado a ellas sin el consentimiento gubernamental. En el capítulo introductorio de dicho informe se lee:

“Al concluir esta investigación se constata que el Estado mexicano, a los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática en las decisiones que les afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo, al patrimonialismo, a las estructuras de mediación y a la opresión. El combate que el Estado emprendió en contra de estos grupos nacionales –que se organizaron en los movimientos estudiantiles, y en la insurgencia popular- se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio –al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente como su enemigo-.

El Informe aporta pruebas abrumadoras de tales crímenes, por lo que no se incurre en falta de objetividad si este trabajo, al presentar la sevicia que se tuvo en contra de quienes se atrevieron a pagar el precio de lograr una sociedad más justa con su sufrimiento, su libertad y su vida,

– se une al duelo de los que murieron, de los que siguen desaparecidos, así como de sus familiares y de sus compañeros, haciendo votos para ¡que esto no vuelva a suceder!, y si también,

 – se une al canto libertario que motivó esta lucha y rinde homenaje a los héroes anónimos y a los que damos testimonio de que fueron vilipendiados por luchar para lograr una patria digna”.

El Informe ¡Que no vuelva a suceder! documentó, con fuentes oficiales, más de 800 desapariciones forzadas cometidas entre 1969 y 1982. Al mismo tiempo, reveló que el ejército mexicano de Guerrero había cometido crímenes de guerra en contra de la población civil, entre 1969 y 1975.

La investigación evidenció toda la maquinaria de contrainsurgencia que el Estado puso en marcha, quedando comprobado el consentimiento y la deliberada negligencia en la impartición de justicia por parte de los más altos funcionarios: el Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez; el Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, y el Director Federal de Seguridad, Luis de la Barreda.

Los crímenes detallados en dicho informe fueron cometidos durante las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982).

Por otra parte, el documento descubre el vínculo de altos funcionarios mexicanos con las fuerzas antidemocráticas chilenas entre 1972 y 1973.  En esos años, los generales Mario Ballesteros Prieto y Manuel Díaz Escobar, conocidos represores al movimiento estudiantil de 1968 y el Halconazo de 1971, fungieron como agregados militares en la Embajada de México en Chile y tuvieron participación directa en el golpe de estado al Presidente Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular, el 11 de septiembre de 1973, luego del cual se instala la dictadura de Augusto Pinochet.


El caso de Rosendo Radilla Pacheco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En 2001, AFADEM y la CMDPDH presentaron la denuncia por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, cantor de corridos y líder comunitario en Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien había sido detenido-desaparecido en un retén militar el 25 agosto de 1974, en presencia de su hijo.

La denuncia fue presentada de forma paralela ante la Fiscalía Especial (FEMOSPP) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

“… y dice el Fiscal que él no sabía por qué nosotros habíamos presentado el caso ante la Comisión Interamericana, que no sabía, que teníamos muy buena relación con él y que no sabía por qué le estábamos haciendo eso. Que había más tiempo que vida. Que hay mucho tiempo. Y entonces, pues es absurdo ¿no? Para él hay mucho tiempo y para nosotros, decimos que ha pasado demasiado tiempo. Treinta y tantos años, ya casi cuarenta años, es muchísimo tiempo para estar esperando tanto”.

El caso de mi papá fue bien ilustrativo porque cuando dijimos que ya iba a ser admitido el caso ante la Comisión Interamericana, inmediatamente la fiscalía consignó el caso ante el Juez segundo de distrito en Acapulco, pero el juez segundo de distrito se declaró incompetente y envió el caso al tribunal militar. Igual se declaró incompetente y envió el caso a la Suprema Corte de Justicia y también la Suprema Corte de Justicia dijo que no resolvía competencias y lo envió al juzgado segundo de circuito en Acapulco y pensamos nosotros que tenían buena disposición para el caso y no, resolvieron por unanimidad que se iba a la justicia militar. Entonces, como vemos claramente, no hay voluntad. Sabemos nosotros que el gobierno no tiene la intención de darle la responsabilidad que le corresponde al ejército. Y mientras estén los casos en la procuraduría militar no se va a poder hacer nada. La procuraduría militar está siendo señalada por nosotros como responsables de las desapariciones de nuestros familiares y no tenemos por qué ir a un tribunal militar”.

Tita Radilla[1]

Habiendo agotado los recursos jurídicos nacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso en 2007. El Informe Histórico de la FEMOSPP fue ofrecido como prueba ante la Corte a fin de demostrar que la desaparición de Rosendo Radilla no fue un caso aislado, sino que se correspondía con un contexto histórico-político de violación sistemática de los derechos humanos.

Publicación de la CMDPDH que reúne el peritaje presentado ante la CoIDH, su sentencia y el testimonio de Tita Radilla, a un año de emitido el fallo (Descargar PDF)

Portada publicación sentencia-CIDH-Radilla

En diciembre de 2009 la Corte Interamericana sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, obligándolo a dignificar su memoria como luchador social y a hacer cambios sustanciales en la legislación militar. La Corte dictaminó que debía eliminarse el fuero militar cuando hay víctimas civiles involucradas y a tipificar el delito de desaparición forzada.

La sentencia del Caso Radilla marcó un hito en materia de derechos humanos, al emitir una condena para México por desaparición forzada.

En febrero de 2010, las Brigadas Internacionales de Paz hicieron una entrevista a Tita Radilla, quien ofreció su testimonio sobre el camino recorrido y los efectos personales, locales y nacionales de dicha sentencia.

En noviembre de 2013 la UNESCO incorporó la Sentencia del Caso Radilla al Programa de Memoria del Mundo.


Rosendo Radilla (hijo) canta un corrido en homenaje a su padre


El siguiente documental, producido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) con la colaboración de Witness.org y la dirección de Berenisse Vásquez Sansores y Gabriel Hernández Tinajero, resume el caso expuesto en esta publicación:

“12 511 Caso Rosendo Radilla” (1:04:45)


FLYER-Ayotzinapa es Latinoamérica-sin nombres-web

#AYOTZINAPA ES LATINOAMÉRICA

El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, se produjo el asesinato y la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Cuarenta años después de la desaparición física de Rosendo Radilla Pacheco, en el mismo estado mexicano, fueron asesinados 6 jóvenes estudiantes y 43 más fueron desaparecidos, en un hecho que involucra de manera directa a la Policía Municipal de Iguala.

A pesar de la enorme movilización nacional e internacional, estos hechos permanecen impunes.

La Red Latinoamericana de Sitios de Memoria se ha unido a la campaña por la APARICIÓN CON VIDA, ¡YA! de los estudiantes, así como a la demanda de tipificar el delito de desaparición forzada en la legislación mexicana. Ayotzinapa es Latinoamérica.


Documentos complementarios:

Los Archivos Orales en la Experiencia Mexicana: Iniciativas para la Búsqueda de la Verdad y la Justicia. Investigación de Florencia Ruiz Mendoza, del Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Sociales, realizada en 2013.

The Mexico Project en el National Security Archive

Evidencias en los Archivos de crímenes de Derechos Humanos en México: El Caso de Aleida Gallangos


[1] Los testimonios anotados en este caso, son tomados del documental “12 511 Caso Rosendo Radilla”, incluido en este post y disponible en:

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