Preocupación ante los cambios del nuevo gobierno de Brasil

-15/5/2016-

Maurice Politi
Maurice Politi
Entrevistado por la Red, Maurice Politi, fundador del Núcleo de Preservación de la Memoria Política y ex asesor de la Comisión de Verdad del Estado de São Paulo, considera que la suspensión de Dilma Rousseff fue un retroceso muy grande para la democracia brasileña que está “en peligro”. Las recientes conquistas en el campo de la Memoria y los Derechos Humanos corren riesgo frente al nuevo gobierno que degradó al Ministerio de Derechos Humanos a Secretaría y designó un ministro muy cuestionado al frente de Justicia.

 

¿Cómo evalúa la realidad de la democracia brasileña en este momento? ¿Qué vínculos se pueden establecer con la historia reciente, la dictadura del 64?

La democracia brasileña está en peligro.  A partir de la reelección de la Presidente Dilma en 2014, sus adversarios, derrotados en las urnas por una diferencia de 3,2 millones de votos, desde el primer mes del nuevo gobierno no cesaron de actuar en contra de los lineamentos de su política, primero pidiendo un recuento de los votos y después promoviendo una política en el Parlamento de sistemático boicoteo a sus planes y proyectos de leyes.

Al ver que igualmente, Dilma seguía con un respaldo popular grande, apelaron a la tesis del Impeachment, como lo habían hecho las fuerzas retrógradas del conservadurismo paraguayo, en el caso del Presidente Lugo, acusándola de haber autorizado el uso de recursos financieros que no estaban en el presupuesto, tomando “préstamos” de los bancos oficiales, lo que la ley de responsabilidad fiscal no permite.

La Historia reciente del país está todavía muy fresca en la memoria de la gente y por eso, al definirse lo que pasó como un ‘Golpe’, se asocia este paso dado ahora por las clases empresariales y políticas, con el apoyo de una clase media (que irónicamente accedió a este estatus gracias a los beneficios obtenidos por  las políticas públicas que se llevaron a cabo en los últimos 4 gobiernos del Partido de los Trabajadores), al mismo Golpe civil-militar de 1964. Además, asume interinamente un vicepresidente que no tiene un solo voto (habiendo sido seleccionado como vice por la presidenta solamente por ser presidente del PMBD, un partido que siempre estuvo aliado a Lula y Dilma) y que en las últimas encuestas tenía el rechazo de más de 75% de los encuestados.

Por otro lado, es un presidente que dice venir para combatir la inmoralidad y la corrupción (tal como dijeron los militares en su momento), para atraer a la clase media, siendo que el mismo presidente Temer, así como muchos de los ministros nombrados por él, tiene acusaciones de haberse favorecido por los mismos escándalos de “contribuciones” irregulares en sus campañas.

¿Cuáles son las perspectivas del movimiento de DDHH, como parte del colectivo de movimientos sociales, frente al nuevo gobierno provisional y el juicio en curso contra Dilma Rousseff?

Los movimientos sociales ligados a la defensa de los DDHH tuvieron en los últimos años en Brasil un rol destacado en la definición y establecimientos de políticas públicas en favor de los excluidos socialmente. Por eso, frente al nuevo gobierno provisional, tienen una actitud de rechazo una vez que desde el primer momento se anunció la “revisión” de estos programas sociales y se extinguieron los Ministerios de Desarrollo Agrario (responsable de la reforma agraria), de Cultura, de Derechos Humanos, de Políticas para las Mujeres y el Ministerio de Promoción Racial.

Estos primeros pasos dados por el nuevo gobierno provisional ponen en pie de alerta a estos movimientos sociales que tienen la manifiesta intención de resistir a este avance de fuerzas reaccionarias y anti-pueblo. Ellos prometen estar muy activos, promoviendo escraches y manifestaciones durante todo el periodo del juicio a la Presidente.

Presidenta Dilma Rousseff recibe el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad y sus recomendaciones. (Foto: Thiago Vilela / Acervo CNV)
Presidenta Dilma Rousseff recibe el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad y sus recomendaciones. (Foto: Thiago Vilela / Acervo CNV)

¿Cuáles serán los lineamientos de este nuevo gobierno en política social y económica? 

En términos de “nueva” política económica, el nuevo gobierno provisional ya anuncia las revisiones al índice de aumento del sueldo mínimo, el establecimiento de un impuesto temporal (que había sido sugerido por la misma presidente Dilma pero que fue rechazado a gritos por toda la oposición), la revisión de los beneficios dados a las poblaciones rurales (como la jubilación automática a los 60 años establecida por el Presidente Lula) y otras “revisiones” en los planes de construcción de casas populares y de programas de becas a los estudiantes sin recursos. Todo eso con el objetivo máximo (que es la palabra de orden de los neoliberales) de la disminución del déficit fiscal. A tal fin, también prometen una revisión en la Ley de Jubilaciones aumentándose la edad mínima de jubilación y la flexibilización de las leyes laborales, quitándole fuerza a los sindicatos de trabajadores. También  el cierre de varios Ministerios con el objetivo de recortar los gastos.

En lo que se refiere a políticas sociales, a pesar de que no tuvieron todavía el coraje de anunciar la abolición de programas exitosos (y elogiados en todo el mundo) como el Bolsa Familia, el Pro UNi (que incentiva a los jóvenes más pobres al acceso a la Universidad), el “Minha Casa”, “Minha Vida” (que es un programa serio de construcción de casas para poblaciones de menores recurso), ellos prometen revisar estos mismos programas. Hay que recordar que una de sus primeras medidas fue degradar al Ministerio de Cultura, transformándolo en una Secretaria dentro del Ministerio de Educación, poniendo en relieve el poco aprecio que tiene para con las artes en general. En los que se refiere a las políticas de DDHH, el hecho de incorporar el Ministerio de Derechos Humanos (también degradado) bajo la órbita del Ministerio de Justicia también muestra la importancia que tendrán para el nuevo gobierno estos temas.

¿Qué opinión le merece la composición del nuevo gabinete?

En forma irónica se dijo en Brasil que el nuevo gabinete está compuesto por hombres viejos, blancos, ricos y perseguidos por la justicia. En realidad, el hecho de no haberse nombrado una sola mujer en este “nuevo-viejo” gabinete hace retroceder este ministerio a los años de la dictadura militar ya que el último presidente que no tuvo una sola mujer en su gabinete fue el del dictador Geisel en el periodo 1975-1979.

Por otro lado, todos los ministros nombrados son políticos de diferentes partidos que salen de un Parlamento desgastado y sin moral. Lo que se notó es que en la composición del nuevo gabinete predominó -más de una vez-  el compadrazgo y las coaliciones artificiales, para tener un Parlamento y Senado con una mayoría que pudiera rápidamente y sin discusiones mayores, votar en favor de las nuevas leyes anti sociales que pretende el Gobierno imponer. Una nota digna de percibir es que de los 24 nuevos ministros, 13 son nombrados por la famosa operación “Lava Jato” que destapó los esquemas de corrupción existentes desde los años 2000 entre Petrobras, los grandes contratistas  y la clase política (con políticos de todos los partidos). Acceder a un ministerio en Brasil significa tener lo que se llama un “fuero privilegiado” que impide el juicio por tribunales provinciales, solamente pudiendo ser juzgados por la Suprema Corte.

Desde su perspectiva, ¿los avances en materia de Derechos Humanos y memoria corren riesgo frente al nuevo gobierno provisional?

Nuestro análisis es que realmente los avances en los campos de los DDHH y de la Memoria, que se fueron conquistando con mucho esfuerzo en los últimos años, están en riesgo. El área de DDHH y Memoria,ahora bajo el Ministerio de Justicia pasará a tener seguramente una importancia casi nula.  Esto será peor aún si se tiene en cuenta que el nuevo ministro Alexandre Morais es un abogado ligado a las bandas criminales del tráfico en Sao Paulo y que fue el secretario de Seguridad de Sao Paulo hasta la fecha, habiéndose destacado por su política de represión a las manifestaciones estudiantiles y de trabajadores, manifestaciones estas que muy recientemente fueron clasificadas por él mismo como “actos de guerrilla”.

Maurice Politi, del Núcleo de Memoria de São Paulo, Brasil, explica la situación de fragilidad del Memorial Joao Goulart, ante las limitaciones que impone el gobierno de Brasilia.
Maurice Politi, del Núcleo de Memoria de São Paulo, Brasil, explica la situación de fragilidad del Memorial Joao Goulart, ante las limitaciones que impone el gobierno de Brasilia.

¿Cómo operó el Poder Judicial brasileño durante el proceso que terminó con la separación de la presidenta Rousseff? ¿Cómo se podría definir el rol de la Corte Suprema en relación a la persecución de los crímenes de la dictadura? ¿Tuvo impacto el fallo Araguaia de la Corte Interamericana de DDHH en el país?

El Poder Judicial se caracterizó por una parcialidad nunca antes vista en la historia.

Inicialmente, con la operación “Lava Jato” que el juez Moro comenzó hace ya dos años, se notó una tendencia clara de desestabilización del Partido de los Trabajadores, al solamente involucrar políticos de este partido, a pesar de que los esquemas de corrupción en la empresa Petrobras venían desde el año 2000.

Por otro lado la Suprema Corte brasileña, al parecer queriendo apartarse del Poder Legislativo, alegando la independencia entre los poderes, dejó el presidente de la Cámara Eduardo Cunha (uno de los principales conspiradores contra Dilma desde el inicio de su mandato)  actuar por más de seis meses, sin tomar en cuenta las pesadas incriminaciones a que este mismo señor estaba sujeto, como uno de los principales eslabones en la cadena de corrupción en Petrobras.

Por otro lado, cuando Dilma quiso nombrar el expresidente Lula como su ministro, la Suprema Corte inmediatamente rechazó tal planteamiento y no le dejó a la Presidente actuar libremente en el nombramiento de sus ministros.

En los que se refiere a los crímenes cometidos durante la dictadura en Brasil, la Suprema Corte se pronunció en el año 2010 por la inclusión de los torturadores como partes en la Ley de Amnistía que fue en su momento (1979) aprobada por el Parlamento.

Al negarse , por 7 votos a 2,  a acompañar la opinión general de los abogados que habían pedido una mejor y correcta interpretación de esta Ley, los jueces de la Suprema Corte garantizaron que continuara la impunidad que existe en Brasil desde los años de la dictadura.

El fallo de la Corte Interamericana contra Brasil en el caso conocido como lo de “Guerrilla de Araguaia” tuvo relativo poco efecto en las instancias gubernamentales. Y en lo que se refiere a la Suprema Corte, ésta mantuvo su opinión: lo que prevalece es el Derecho Nacional y la Soberanía del Estado brasileño frente a este fallo.