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Conferencia inaugural:
El escenario regional para los derechos humanos
13 de septiembre de 2016

Presentación del Seminario Regional:
• Valeria Barbuto, Directora Ejecutiva de Memoria Abierta – Argentina
Expositores:
• Gastón Chillier, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
• Maurice Politi, Núcleo de Preservación de la Memoria Política – Brasil
• Gustavo Meoño, Archivo Histórico de la Policía Nacional – Guatemala
• Laura Pérez Díaz, Museo Memorial de la Resistencia – República Dominicana
• Germán Vargas, Asociación Paz y Esperanza – Perú

Gustavo Meoño, director del Archivo Histórico de la Policía Nacional (Guatemala), se concentró en la realidad de la región de México, El Salvador y Guatemala, tres países representados en la Red.

La situación en México es de una violencia sin precedentes. Las desapariciones forzadas que superan los 30.000, no siguen el mismo patrón de las de la llamada “guerra sucia” de la década de 1970. En las décadas anteriores quien participaba en política disidente era torturado o desaparecido; hoy, cualquier persona puede serlo. Sin embargo, el Estado niega la desaparición forzada y, por tanto, también a tipificar este delito. La tortura pasó a ser una práctica abierta, generalizada en cualquier detención y la impunidad es la norma. El gobierno mexicano, lejos de reconocer la situación, genera campañas de desprestigio contra los informes de comisiones y relatores internacionales.

Sobre El Salvador, Meoño destacó que en ese país que registró casi 75 mil víctimas documentadas por la Comisión de la Verdad, de las cuales el 90 por ciento se atribuyen a las fuerzas de seguridad del Estado, se declaró inconstitucional la llamada “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz” que impedía el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. El hecho ocurrió el reciente 13 de julio y ha despertado ya reacciones de sectores que buscan hacer pactos para evadir la justicia, por lo que Gustavo Meoño planteó la necesidad de que la Red mantenga su atención sobre el hecho.

En Guatemala –como en El Salvador- se da un contexto de violencia sistematizada, un claro empoderamiento de estructuras del crimen organizado, principalmente del narcotráfico, el tráfico de personas y contrabando. En Guatemala, prácticamente la totalidad de las estructuras que controlan el crimen organizado están en manos de militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos en el pasado.
Sin embargo, se ha logrado avanzar en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Con los juicios de los últimos seis o siete años se avanzó más que en los últimos 40 años. Hay 14 procesos judiciales, la mayoría con sentencia y otros en curso. Es fundamental la trilogía conformada por el papel del testimonio, la arqueología y antropología forense y el rol de los archivos. Ésta es una experiencia útil, actual y oportuna en la lucha contra la impunidad en América Latina.

Meoño también mencionó la grave situación de los migrantes centroamericanos, pero también asiáticos y africanos, que atraviesan el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, que son víctimas de secuestros colectivos, extorsiones, desapariciones y otros abusos a manos de grupos de delincuencia organizada, que actúan con la complicidad de agentes estatales.

Laura Pérez Díaz, del Museo de la Resistencia Dominicana, se refirió a la situación de Haití y República Dominicana.

En Haití, la impunidad y la violencia son herencia de la dictadura, con plena vigencia y actualidad. Inseguridad, corrupción y narcotráfico. El sistema de justicia es disfuncional por el miedo, por la corrupción, porque muchos jueces son descendientes de la dictadura. Jean-Claude Duvalier y sus cómplices fueron acusados por crímenes de lesa humanidad pero nunca llevados a juicio. Todos los dictadores vivos han regresado con garantía de inmunidad, que se garantizó mandato tras mandato. El Estado de Derecho no está consolidado y no puede proveer protección en torno a los derechos básicos como vivienda, suministro de agua, educación, salud pública, justicia.
En ese marco, Devoir de Mémoire Haïti (grupo de hijos de víctimas) lucha para que se conozca la dictadura del periodo 1957-86, especialmente centrándose en los jóvenes que desconocen la historia reciente.

En República Dominicana un problema es la ausencia del tema de derechos humanos en el sistema educativo. “Nunca se enseñó nada sobre derechos” dijo Pérez Díaz. Existen normas que se sobreponen a los derechos fundamentales y los bloquean. Por ejemplo, en las comisarías y en los tribunales pequeños está prohibido entrar en camiseta. De esta forma, se niega acceso a la justicia de la gran mayoría de la población. Se ignoran las implicaciones de la discriminación con relación a la violación de derechos. Los sitios de República Dominicana se han sumado a la discusión de un Plan Nacional de Derechos Humanos que incluye la creación de una Comisión de Verdad, hecho que sigue pendiente.

Germán Vargas, director de Asociación Paz y Esperanza, explicó que la situación en Perú parece estar mejor. El nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que ganó en las elecciones recientes a Keiko Fujimori, ha dado señales de cambio en relación a la agenda de derechos humanos, al menos en relación a la agenda histórica del movimiento de derechos humanos en el Perú, aquella que originó y provocó el llamado conflicto armado interno.
La actual ministra de Justicia pidió perdón a las víctimas a nombre del Estado, lo que fue destacado por el hecho de hacerlo desde el memorial “El ojo que llora”. Reconoció la falta del Estado al no haber implementado las medidas de reparación. Esto es importante en el caso peruano, donde todavía hay personas que creen que cuando se cumplen derechos y en particular a las víctimas, se están concediendo favores y no derechos.
Asimismo, resaltó que en los últimos 20 años la mayor resistencia al gobierno provino del movimiento de derechos humanos. No ha habido al momento un gobierno que haya sido ‘amable’ con el Movimiento de Derechos Humanos. Lo frecuente ha sido la hostilidad. Más aún cuando hay otras agendas de derechos humanos, por ejemplo, el derecho al territorio de los pueblos indígenas, que pasa por la titulación y el reconocimiento de su propiedad. “Y es que estamos hablando de un gobierno de derecha, adscrito plenamente a un modelo económico que predomina en el país hace más de veinte años y que más allá de los halagüeños indicadores macroeconómicos que exhibe, éstos no han servido para resolver los problemas de exclusión y extrema pobreza que persisten hasta hoy”.