El deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los pueblos


La Red Colombiana de Lugares de Memoria fue creada en septiembre de 2015 por los diez sitios invitados a participar del IX Encuentro de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria, realizado en Bogotá. Al día de hoy, esta red ha alcanzado un crecimiento notable, tanto por la incorporación de nuevos miembros y su articulación en red, como por el impulso de iniciativas como la de convocar al Parlamento -en conjunto con otras instancias y personalidades del país- para la realización de una Audiencia Pública que abordara el tema del deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los pueblos. En ese marco, los ahora 22 espacios miembros de la red colombiana solicitaron la participación de la Red Latinoamericana por medio de un video realizado para tal fin. 

Nota de Prensa de la Red Colombiana de Lugares de Memoria
3 de junio de 2016

Audiencia PúblicaEl 2 de junio se llevó a cabo en el Congreso de la República de Colombia, la Audiencia Pública El deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los pueblos. Es un evento histórico porque es la primera vez que en el Congreso de la República se reúnen representantes de los diversos lugares de memoria que hay en Colombia, la academia, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entidades del Estado y la ciudadanía en general, para analizar el papel de los lugares de memoria y las comunidades que participan en ellos, durante el conflicto, la transición hacia la paz y la puesta en marcha de los acuerdos. Esta audiencia fue convocada por la Red Colombiana de Lugares de Memoria, el Colectivo Orlando Fals Borda, los Representantes a la Cámara Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Harry González y el Senador Iván Cepeda.

¿Cómo se han creado, funcionan y con qué mecanismos de sostenibilidad y participación cuentan los lugares de memoria en Colombia?

La Red Colombiana de Lugares de Memoria agrupa a más de 20 museos, casas o lugares de memoria. El primer panel de la Audiencia, moderado por Ángela María Robledo, buscó mostrar su diversidad.

La hermana Maritze Trigos, a través de la presentación del Parque Monumento de Trujillo – Valle, representó a los lugares que han nacido como resultado de una sentencia.  Narró la historia de Alba Mery Chilito, quien fue una de las primeras mujeres en apropiarse de las montañas donde hoy está el parque y fue asesinada por los paramilitares.  El Estado apoyó la construcción del lugar y del archivo.   El Parque Monumento fue incendiado 2 veces, hubo una profanación de la tumba del Padre Tiberio y el Muro Internacional del Amor ha sido cuatro veces golpeado.  La hermana Maritze afirmó que muchos no conocen qué es un lugar de memoria, que estos son espacios de denuncia, de exigencia, a nivel educativo: “no paramos de recibir jóvenes universitarios, se convierten en cátedra de memoria, de construcción de paz, por eso vemos tan importante una ley de memoria”.    A pesar de ser producto de una sentencia, son muy pocas las entidades que han cumplido. El único que ha tenido un compromiso permanente ha sido el Ministerio de Cultura.

Soraya Bayuelo, del Colectivo de Comunicaciones Montes de María, mostró el proceso de lugares de construcción social. Allí, el Colectivo de Comunicaciones ha venido trabajando la construcción de la memoria desde el Museo Itinerante y de la Identidad – El Mochuelo-,   un lugar de memoria que da fe de la reparación simbólica a las víctimas del conflcito de esta región, golpeada por más de 60 masacres.  Este colectivo ha venido desarrollando procesos culturales, asociativos, de recolección de testimonios y pedagógicos, en diversos municipios de la zona de Montes de María. El Mochuelo en este momento está en construcción. Dentro de las reflexiones hechas por la comunicadora social, se destaca el planteamiento de que “acompañar cada iniciativa de memoria emprendida por los territorios es indispensable a la hora de pensarnos como país, porque es con el concurso decidido de todos quienes aquí habitamos, que podemos pasar de la enunciación a la acción transformadora.  Los territorios tienen la palabra y el Estado, la responsabilidad de escuchar para sumarnos todos en la construcción de un proyecto de nación, en el cual el recurso a las armas no tenga cabida, mientras los conflictos sean entendidos como una oportunidad para el diálogo y la reflexión colectiva”.

“Nuestros territorios no pueden seguir siendo lugares para la ignominia. Nuestros territorios son sagrados. Allí cuidamos la vida, la cultivamos, resistimos y re-existimos. Allí vimos caer nuestros hermanos y también vimos nacer a nuestros hijos. Y es allí donde queremos ser recordados, porque allí soñamos nuestro futuro. Son nuestros lugares para la memoria”.

Ángela María Moreno Salazar, de  San Carlos Antioquia, presentó los lugares testimoniales, es decir aquellos en los que hay evidencias de que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.  Las instalaciones en las que hoy funciona El Centro de Atención para la Reconciliación y la Reparación – CARE, son el resultado de una extinción de dominio al narcotraficante Gabriel Puerta. En un solar aledaño a la casa se exhumaron los restos de una joven asesinada por los paramilitares.  En San Carlos también se ha construido el Jardín de la Memoria como una forma de dignificar a las personas y las familias. Allí están representadas las personas asesinadas, desaparecidas, víctimas de minas antipersona, de desplazamiento, abuso sexual, víctimas de reclutamiento forzado. Por medio de él se pretende decir a las personas que no han sido olvidadas.

Pablo Cala, del Colectivo Orlando Fals Borda, habló sobre los cementerios como lugares de memoria.  En ellos y en fosas comunes, en todo el país yacen personas que no han sido identificadas, muchas de ellas reportadas como muertas en combate, personas buscadas por sus familiares porque están desaparecidas.  Pablo Cala manifestó la necesidad de recuperar sus historias, de reconocer y preservar estos lugares.

Por su parte Lucía González, ex directora de la Casa Museo de la Memoria de Medellín, un lugar generado por el gobierno de la ciudad, resaltó la responsabilidad del Estado en la construcción de memoria y  el deber moral y político de quienes pretenden regir los destinos de un territorio, especialmente en un país donde la gran mayoría de las poblaciones han estado excluidas del relato nacional: Indígenas, afros, homosexuales, militantes de izquierda:  “Esta situación devuelve la pregunta sobre el tipo de sociedad que somos. La memoria permite sanar, poner en evidencia los faltantes de una sociedad.  Los lugares de memoria son un ágora al servicio de toda la ciudadanía. Medellín hoy tiene un espacio en donde se construye sociedad y las víctimas ya hicieron su trabajo. Le corresponde al Estado que ese dolor se convierta en un compromiso social y político que haga más profundamente humanos y democráticos a los colombianos”.

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¿Qué legislación internacional y nacional puede garantizar sosteniblidad, autonomía, seguridad y el carácter participativo de los lugares de memoria?  ¿A qué instituciones del Estado colombiano les corresponde esta responsabilidad?

“La diversidad, las otras voces, deben ser tenidas en cuenta en la construcción de la memoria. La memoria se registra y se establece en un territorio, hay territorios que son sagrados, que hacen parte de la memoria colectiva de los pueblos. Ésta tiene que ver con los símbolos, con el ordenamiento natural, con los paréntesis entre la vida y la muerte.  Los grupos étnicos van más allá de los monumentos, por esta razón sus lugares de memoria registran la alegría, la vida”. Con esta palabras inició su intervención la Viceministra de Cultura Zulia Mena García.

La viceministra afirmó que en Colombia no existe un marco jurídico que permita la construcción de la memoria, ni se reconoce cuáles son los alcances de los lugares de memoria.  Resaltó las experiencias de memoria que ya vienen avanzando en Colombia, que deben ser el sustento para la construcción del marco jurídico para que la memoria no se muera. Resaltó que hay que tener cuidado para que la ley no restrinja la cosmovisión que tienen los pueblos, manteniendo su autonomía. Desde el Ministerio de Cultura se han venido apoyando procesos en Trujillo, las Brisas, Mampuján, Bojayá, Cartagena, el Salón del Nunca Más en Granada – Meta, El Castillo – Meta y en El Placer; además de apoyar alrededor de cuarenta procesos de reparación colectiva.  Finalmente dijo que desde el Ministerio van a estar pendientes para seguir contribuyendo en este tránsito hacia un nuevo país.

Alirio Uribe, moderador del panel; Jefferson Jaramillo, director del departamento de Sociología de la Universidad Javeriana; Patricia Linares, del Centro Nacional de Memoria Histórica; Ángela Giraldo, hermana de Francisco Javier Giraldo, uno de los 11 diputados del Valle asesinados por las Farc y Margarita Ruiz Silva, del MOVICE, presentaron diversas posiciones sobre lo que significa construir una Ley de Memoria en Colombia.

En el artículo 153 de la Ley de Víctimas de 2011 y en la Ley 1408 de 2010, sobre medidas para personas desaparecidas, se habla del deber de memoria del Estado, pero no hay claridad sobre los organismos que deben contribuir a los ejercicios de memoria. La memoria es tan importante como el derecho a la verdad y a la vida y no se puede construir una memoria oficial.  Hay muchas cosas que todavía no se han hecho y  el Estado no puede ser un simple espectador. Son muchos los desafíos que genera la construcción de la memoria histórica, pero es necesario mantener la pluralidad, hablar de las memorias en plural y evitar las memorias totalizantes.

Los familiares representan a los que perdieron la voz y su tarea es devolvérsela. Es fundamental que el Estado realmente propicie las garantías para la construcción de memoria y la verdad que tienen las victimas en su conjunto. Se debe evitar que los que tienen la mayor cantidad de recursos impongan sus relatos, sus versiones. Se deben proponer acciones multidimensionales y preguntarse quién se beneficia de una amnesia selectiva. Otra de las propuestas fue generar un estatuto autónomo que maneje los recursos.

Olga Amparo Sánchez Gómez, de la Casa de la Mujer, mostró fotos tomadas por mujeres de 21 departamentos. Este trabajo, al igual que las exposiciones de Ángela Giraldo y Margarita Ruiz, evidencian las diversas formas como las víctimas se están atreviendo a contar lo que les ha sucedido, porque hay que reivindicarlas, transformar las situaciones que han generado el conflicto y pensar en quiénes y cómo se contará a las nuevas generaciones lo sucedido.

Desde el contexto internacional fueron muy significativos los aportes hechos por la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria, representada por Valeria Barbuto de Memoria Abierta en Argentina, entidad que coordina la Red; por Lothar Witte, director de Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – FESCOL; y  por Guillermo Fernández Maldonado, director adjunto de Naciones Unidas.

Valeria Barbuto resaltó el creciente interés latinoamericano por construir políticas públicas de memoria, manifiestas -por ejemplo- en los estándares adoptados por Mercosur, en los que se establece el rol fundamental de las organizaciones sociales en la toma de decisiones sobre los espacios de memoria. Expuso el caso argentino, la cantidad de sitios de memoria que han sido señalizados y el porcentaje de éstos que hoy son espacios de memoria. Explicó la necesidad de que la gestión de todos estos espacios sea mixta y los beneficios que implica este tipo de gestión participativa para la continuidad ética de los objetivos por los que fueron creados, superando las coyunturas gubernamentales.

Tanto Valeria Barbuto, como Lothar Witte y Guillermo Fernández Maldonado, valoraron el caso colombiano, que ha empezado a trabajar la memoria incluso antes de finalizado el conflicto.  Después de un conflicto armado o de una dictadura, algunos han preferido olvidar, dejar en el pasado lo que ha sucedido. Por otro lado, aun cuando los pueblos han optado por impulsar iniciativas de memoria y no por el olvido, los espacios de memoria –como espacios abiertos de educación y transmisión de memorias- empiezan después de finalizados los conflictos o las dictaduras que impedían e incluso reprimían su desarrollo. La particularidad de la experiencia colombiana es que la existencia y funcionamiento de espacios de memoria, abiertos a la comunidad y con funciones de educación en derechos humanos y construcción de la paz, inicia antes de finalizar el conflicto social y armado, en algunos casos con el apoyo estatal –como aquellos que fueron el resultado de sentencias judiciales- o sin él.

La participación del movimiento de derechos humanos y de las organizaciones que han impulsado estos espacios ha sido muy importante en los procesos de recuperación de la memoria. Colombia se ha convertido en un caso testigo y esto muestra la necesidad de que las iniciativas locales de memoria, surgidas hace varios años, puedan participar en procesos como la Comisión de Verdad y otros que serán necesarios para la definición de políticas públicas de memoria, verdad y reparación, pero es preciso que el Estado garantice su sostenibilidad en el tiempo, tanto financieramente, como incluyendo la participación de estas organizaciones en la gestión y desarrollo de propuestas para el país.

En la audiencia también se planteó la existencia de información sobre el caso colombiano en archivos de otros países, por lo que se recomendó solicitar apoyo a la cooperación de la comunidad internacional para su recuperación.

¿Cuál es la contribución que pueden hacer los lugares de memoria en la construcción de verdad y paz?

María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional – ICTJ; Camilo González, director de INDEPAZ; William López, de la maestría de Museología de la Universidad Nacional; José Antequera, del Centro Nacional de Memoria Histórica; Carlos Eduardo Valdés, Director de Medicina Legal; y Rino Acero, Coordinador del observatorio de DDHH de la consejería presidencial para los DDHH, participaron en este tercer panel que fue moderado por Iván Cepeda.

Preguntarse si la memoria contribuye necesariamente a la construcción de un proceso de paz también es pertinente, afirma María Camila Moreno del ICTJ. Para que esto sea así, es necesario enfrentar el desafío de lograr un consenso en el que tanto el gobierno como la sociedad civil participen, de tal manera que éste sea un mecanismo útil en el marco de un proceso de paz amplio y logre, al mismo tiempo, dar digna respuesta a las víctimas.

Camilo González Posso afirma que “no existen desarrollos legales sobre la autonomía y sostenibilidad de las iniciativas de memoria que se hacen desde la sociedad civil y sus organizaciones o desde grupos independientes de gestores de memoria histórica.  En medio de ese vacío, tiene importancia la definición del derecho a la memoria que se consigna en el Decreto Ley 4633 de 2011 sobre derechos de las víctimas de pueblos indígenas”:

“Artículo 121. Memoria histórica. Los pueblos indígenas tienen derecho a conocer y dar a conocer los sucesos, tensiones y presiones históricas que han conducido a la situación actual de vulnerabilidad, discriminación, exclusión y marginación, como también aquellos hechos que han fortalecido la resistencia y la importancia de los pueblos indígenas para toda la nación colombiana…”

Por otro lado, González Posso dijo que no se puede reducir la memoria histórica o la memoria viva de los excluidos y violentados a simples  insumos para comisiones  oficiales de la verdad: la memoria viva, las expresiones de memoria en lenguajes artísticos, la memoria colectiva de los oprimidos o de las víctimas no son un capítulo menor y ajeno al esclarecimiento de la verdad histórica que no es una tarea oficial de construcción de una lectura “común” de los procesos violentos en conflictos armados o guerras que se impone a la sociedad como referencia obligada.

Por su parte, José Antequera del Centro Nacional de Memoria Histórica, habló sobre la necesidad de hacerse preguntas básicas sobre cómo se transmite y se transmitirá lo que ha sucedido en Colombia a las nuevas generaciones.  Hasta hace algunos años este no era un problema de políticas públicas; la cultura está en el último renglón de inversión y ésta se ha convertido en una herramienta fundamental para que la sociedad empiece a reconocer el conflicto.

No existen mecanismos que protejan a los lugares de memoria frente a los cambios de gobierno, que se pregunten por la idoneidad de los que dirigen o coordinan estos lugares.  El Centro Nacional de Memoria Histórica no pretende monopolizar los ejercicios de memoria y es necesario entender que no porque el Estado dé recursos, éste puede limitar la autonomía de las comunidades. Desde el CNMH se ha planteado la necesidad de funcionar en red con los territorios y de ampliar los mecanismos de participación de las organizaciones y de las víctimas en el Museo Nacional de Memoria Histórica.

El derecho a la verdad de los pueblos es imprescriptible y hay que plantearse la posibilidad de elaborar una memoria pública a través de una educación pública.

William López, de la maestría de Museología de la Universidad Nacional, hizo una fuerte crítica a la forma como se ha monopolizado la dirección de los museos en Colombia.  Es necesario crear una cultura para la paz, pero esto no es posible si no se construye desde y con las comunidades.  Desde la maestría vienen elaborando una ley de museos y memoria con la participación de diversos sectores incluyendo a la Red Colombiana de Lugares de Memoria.

Carlos Eduardo Valdés, Director de Medicina Legal, presentó los aportes de la entidad en los procedimientos de identificación de los cuerpos, una labor fundamental para el esclarecimiento de la verdad y la construcción de paz.

¿Cómo queremos contarle a nuestros hijos lo que ha sucedido en Colombia?

La pregunta por el pasado tiene que ver con la forma como queremos construir el futuro, no es -como afirman algunos- para “quedarse en el pasado”, sino para reconocer que si bien el pasado no se puede cambiar, es necesario conocer y entender las lecciones que éste nos ha dejado.  En Colombia  hay lugares de memoria que por más de dieciocho años vienen construyendo paz desde el trabajo persistente y sencillo de las comunidades que han resistido a la violencia, a la impunidad, a que sus familiares sean un número más en la lista de desaparecidos. Con una fortaleza y generosidad que asombra y conmueve han logrado vencer el miedo a contar, han elaborado hermosos tejidos, casas de memoria, relatos y cantos que se convierten en una fuerza que no solo invita a buscar sino a volver a soñar, tal y como lo afirma el poema escrito por la hermana Maritze, Trigos para la Red Colombiana de Lugares de Memoria.

Piedra sobre piedra, monumentos y museos,
Testigos de la Memoria, de la sangre derramada,
Lugares de resistencia, lugares liberadores,
Lugares de Memoria que encarnan luchas y sueños,
Son Lugares de denuncia, que unen y convocan,
Son Lugares de Memoria, que reivindican  justicia,
Son Lugares de Memoria, manteniendo la esperanza.

Y las décimas de Beatriz Eugenia Ochoa Romero, del Colectivo de Comunicaciones de Montes de María

Un Pueblo en su trayectoria
Desde que habita esta Tierra
Puede que haga una guerra
Mas también hace su Historia
Y aquí es donde la Memoria 
Juega un papel esencial
Para bien o para mal
La Historia se nutre de ella
Y pa’ que sea una impronta o huella
La Verdad siempre es vital. 
Llegó sin pedir permiso
Eso que llaman conflicto
Un régimen bien estricto
De dolor sin previo aviso
Que al Pueblo volvió sumiso
Viendo a sus hijos caer,
Sus Derechos decaer
Y a un Estado que no estaba 
Pa’ hacer lo que le tocaba:
A su Pueblo proteger.
Como pusimos los muertos
Sin nuestro consentimiento
Queremos contar el cuento
Con el Estado en concierto
Que lo falso no sea cierto
Que cuente nuestra Verdad
Y que se apoye un Lugar
Y Museos de la Memoria
Que en adelante esta Historia
Sea vergüenza Nacional.
Como no queremos ver
Que haya otra guerra entre hermanos
Las Regiones empezamos 
Nuestra Memoria a tejer
Con relatos y el quehacer
De conflicto y Resistencia
Puntos que forman la esencia
De la No Repetición
Más la Verdad, en cuestión,
Para nuestra Descendencia.

 

Agenda seguida y participantes en la audiencia pública
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