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14 de septiembre de 2016
Paneles de expertos:
Problemas de derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe

Panel 3:
El proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad y el activismo de Derechos Humanos

Expositoras:
• Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad –Argentina
• Raquel Witis, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Zona Norte – Argentina
• Georgina Hernández Rivas, Museo Palabra e Imagen – El Salvador

Carolina Varsky planteó una cronología sobre el proceso de justicia por crímenes del terrorismo de Estado en Argentina, sus resultados y desafíos.
Comenzó su exposición explicando que en 2003, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), que impedían el juzgamiento. Como hito en el proceso de justicia señaló que en 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el fallo Arancibia Clavel, que declaró la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, proceso que dio lugar a que, en 2005, la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ratificando la nulidad dictada por el Congreso y habilitando así la reapertura de los procesos en todo el país. En este sentido hizo un recuento sobre los juicios relevantes que fueron marcando el camino que Argentina ha seguido hasta el momento.
En Argentina, hay 2436 personas imputadas por delitos de lesa humanidad. El 30 por ciento de ellas han sido condenadas y, desde la reapertura del proceso de juzgamiento, se dictaron 166 sentencias. El desafío pasa por la continuidad de las investigaciones y llegar hasta la definición del rol cumplido por los civiles o las empresas durante el terrorismo de Estado, poder visibilizar la violencia sexual como un delito autónomo y generar un ámbito de reflexión sobre el propio poder judicial.

Raquel Witis, miembro de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, Argentina, abordó la problemática que se deriva de su experiencia personal luego del asesinato de su hijo Mariano Witis el 21 de septiembre de 2000, cuando se vincularon, como familiares, con organismos de Derechos Humanos. Eso les permitió llevar la causa de un asesinato cometido en democracia, usando las herramientas y experiencias acumuladas en Argentina a lo largo de los años de lucha contra la impunidad por los graves crímenes cometidos durante la dictadura.
Durante la actual administración de Mauricio Macri, dijo, recrudecieron los operativos policiales en los barrios. Por lo tanto, aparece como reto de los organismos de Derechos Humanos articular con otras organizaciones sociales del territorio. Se requiere pensar en mecanismos que permitan proteger todos los derechos alcanzados e impedir que un cambio de gobierno los pase por alto.

Georgina Hernández Rivas, del Museo de la Palabra y la Imagen de El Salvador, abordó la situación actual de su país que se encuentra frente a la coyuntura que abre la reciente derogación de la Ley de Amnistía, hecho que permite nuevas oportunidades para la justicia.
Las comunidades pidieron la derogación de la Ley de Amnistía desde el momento que fue dictada en 1995. El 13 de julio de 2016 se resolvió derogar esta Ley pero en un marco de un paquete de medidas diferentes, sin el enfoque correcto y tapada por otras medidas. El Estado no aborda las problemáticas del pasado, se habla de terrorismo vinculado a la guerrilla o incluso a las maras, pero nunca se habló de terrorismo de Estado, explicó.